En Córdoba, Marcelo, un médico residente, llega al punto de la afonía al festejar los goles de Juan Román Riquelme. Lo mira por un televisor que, como todos los que hay en la Argentina, consume electricidad. Jamás tuvo en cuenta que esa energía que usa para ver el partido la paga un 243% más que su ídolo, el futbolista mejor pago de la Argentina.
Menos aún se puso a pensar que parte del sueldo del ídolo xeneize proviene de fondos públicos que llegan a los clubes a través del ambicioso programa Fútbol para Todos, que para este año insumirá al Estado 690 millones de pesos.
La Argentina ha creado un descomunal y discrecional sistema de subsidios cruzados que crea tantas inequidades como gastos. Los diferentes sectores sociales son alcanzados por algunos programas que no discriminan entre los que pueden pagar y los que no. Tan impresionante es el número de subsidios -75.000 millones de pesos para el año que viene, según datos del proyecto de presupuesto- que el Gobierno destina para financiar déficit de sistemas ineficientes, que con ese dinero podría pagar una obra social para cada uno de los argentinos que están fuera de este sistema de salud. O podría confeccionar un cheque para regalarle 1881 pesos a cada argentino, tenga la edad que tenga.
Pero nada de esto sucederá. Por ahora, las inequidades seguirán. Juan Bagliani vive en Santa Rosa, La Pampa. Cada vez que se toma un colectivo paga 1,90 pesos. En Salta, Tomás paga 1,75 por un trayecto dentro de la ciudad. Algo más abajo, en Rosario, cada habitante de la ciudad paga dos pesos si lo hace con monedas y 1,90 si utiliza las tarjetas prepagas de dos viajes.
En Santa Fe, el esquema es similar: 2,30 pesos en efectivo y 2,05 con sistemas prepagos. Todos aportan indirectamente con sus impuestos para que los porteños paguen entre 1,10 y 1,25 para moverse por la ciudad, sea en subterráneo o en tren.
En González Catán, una localidad del partido de La Matanza, una gran cantidad de los casi 170.000 habitantes consume gas en garrafas. Hay calles de tierras y tienen que luchar con el peso de los cilindros de diez kilos. Y como si la incomodidad fuera lo único, deberá pagar un 300 por ciento más el precio de cada metro cúbico de gas que consume que lo que paga el ministro de Economía, Amado Boudou, en su departamento de Puerto Madero; o Susana Giménez y su vecino Carlos Bianchi, en Barrio Parque, uno de los lugares más caros de la Argentina.
Sólo para completar el cuadro, según los datos del Informe de Precios de la Energía, que elabora el estudio Montamat & Asociados, la tarifa residencial de gas natural por redes es de 0,3 pesos por metro cúbico, mientras que el precio del gas en garrafa llega a 1,2 por la misma cantidad.
Y los ejemplos podrían seguir. La distribuidoras Edenor y Edesur tienen congeladas las tarifas del servicio que prestan desde hace varios años.
Las familias servidas por estas empresas pagan en promedio 44,3 milésimos de dólar por kWh; las santafecinas, 69, y las cordobesas, 136,8. Esto no es una distorsión del mercado, sino un tejido bordado a mano de orfebre por el kirchnerismo desde 2003.
EL CASO DEL AGUA
Con el agua sucede lo mismo. Los porteños o los habitantes de los 17 distritos del conurbano bonaerense que son abastecidos por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) pagan 0,66 pesos por cada metro cúbico de aguas o cloacas facturado. Y según lo que pregona la misma empresa en el frente de sus facturas, los neuquinos pagan 1,16 pesos por el mismo servicio o lo que es lo mismo un 77% más; los santafecinos pagan un 89% más y los mendocinos (AySAM), un 91% por encima de lo que se les pide a los porteños por el mismo servicio.
¿Hay subsidios a los usuarios? No, lo que sucede con AySA es que el gobierno nacional decidió financiar el déficit de la empresa que tiene un 90% de acciones en poder del Estado. Como la tarifa está congelada hace diez años y no hay manera de financiar una empresa que opera en un contexto inflacionario, pues la diferencia la pone el Estado.
Así está el desigual sistema económico argentino. Si hasta los camiones, principales destructores de las rutas argentinas, no están obligados a pagar el peaje siempre y cuando tengan al día sus obligaciones con el gremio de camioneros que conduce Hugo Moyano.
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