Inconsistencias ajenas a la AFIP

casi una semana de la puesta en marcha del nuevo sistema de control de operaciones cambiarias, todavía no es posible conocer qué criterios aplica la AFIP para autorizar o denegar las compras de dólares, ni para determinar su monto.

Así, el declarado y plausible objetivo de combatir la evasión impositiva quedó subordinado a un programa informático muy poco transparente, capaz de regular la demanda de divisas sobre la base de parámetros desconocidos. Salvando las distancias, bien podría ser asimilado al que se aplica en las máquinas tragamonedas para establecer qué proporción de jugadas tienen premio. La única diferencia visible es que la leyenda "con inconsistencias", emitida por la AFIP, equivale a abandonar el intento, y que, al igual que si el sistema indica "insuficiente capacidad económica", correrá por cuenta del contribuyente-comprador de dólares averiguar por qué.

Lo único que a estas alturas resulta claro es que el mercado único y libre de cambios (MULC) ya no es único ni tan libre. Y que el cambio más sustancial reside en las condiciones del mercado. Como era previsible, la restricción de cantidades hizo que en estos días se desacelerara la fuga de capitales, pero que se ampliara la brecha con el dólar paralelo. Menos previsible fue que la Anses interviniera vendiendo títulos públicos en dólares para bajar la cotización del "contado con liquidación", aunque a costa de abaratar esta vía de salida de capitales.

Desde una perspectiva más amplia, hay otros dos cambios cualitativos. Uno es que, con la proliferación de controles e intervenciones sólo para dar la señal de que no acentuará el ritmo de devaluación del peso, el Gobierno creó innecesariamente una sensación de crisis cambiaria, pese a contar con un stock de reservas que supera los 47.000 millones de dólares. El otro cambio es el implícito reconocimiento oficial de que ya no son sostenibles los subsidios estatales para mantener congeladas las tarifas de servicios públicos. Si bien los anuncios equivalen a apenas una partícula del iceberg (600 millones de pesos anuales sobre un total de 70.000 millones), todo indica que el próximo blanco serán los usuarios residenciales de electricidad y gas. Sin embargo, abundan las dudas. Entre ellas, cómo se establecerá la línea de corte entre incrementos y subsidios o en qué magnitud y plazo habrán de reducirse. También la forma en que el Gobierno endosará parte del costo político y económico, como ocurre en el caso de los subtes donde los ingresos por tarifas (300 millones de pesos anuales) equivalen sólo al 30% del costo operativo del servicio (1000 millones), sin incluir inversiones en reequipamiento y ampliación de la red.

Si hubiera comenzado por estas últimas medidas, que restarán pesos a los compradores de moneda extranjera, el Gobierno probablemente se hubiera evitado parte del costo de haber agregado más tensión al mercado cambiario, luego de haber disparado previamente las tasas de interés para evitar la dolarización de los depósitos en pesos. Este cuadro lo expone ahora al riesgo de un enfriamiento de la economía: quienes se pasaron a dólares -en blanco o en negro- probablemente "se sienten" sobre ellos en lugar de consumir o invertir, ante la incertidumbre sobre si podrán recomprarlos.

TEORIAS CONSPIRATIVAS vs. PERSPECTIVAS

En las dos semanas que pasaron desde el aplastante triunfo electoral de Cristina Kirchner (que ya parece lejano con tanto "ruido" económico de por medio), abundaron las teorías conspirativas oficiales sobre la fuerte demanda de divisas. Según este enfoque simplista, quienes compran dólares -en cualquier magnitud- lo hacen deliberadamente para boicotear el modelo plebiscitado por el 54% de los votos.

El razonamiento inverso indica que la búsqueda de refugio en el dólar responde, en cambio, a la perspectiva de que se acentúen las inconsistencias macroeconómicas que se fueron acumulando en los últimos años y no son, precisamente, las que evalúa la AFIP.

Todas ellas son corregibles gradualmente, pero todavía no hay certezas de que ello vaya a ocurrir. Se desconoce el perfil del reemplazante de Amado Boudou; cuál será el sesgo de la política económica y el proceso de toma de decisiones oficiales. Esas inconsistencias se condensan básicamente en media docena de puntos:

• Inflación: no se sabe si el Gobierno habrá de reconocerla o seguirá subestimándola, lo cual implica atacar sus causas o sus efectos, respectivamente. Lo que ocurra con el Indec es clave para las expectativas: aún si en 2012 se redujeran las presiones inflacionarias, sus estadísticas no serán creíbles.

• Políticas expansivas: en 2011, el gasto público creció 38% interanual; la expansión monetaria, 40%; el crédito al sector privado, 53% y los salarios privados formales, 31% promedio. Este ritmo es incompatible con una baja de la inflación. Para el gobierno, todo reequilibrio equivale a ajuste.

• Indexación: el punto anterior choca con la idea de buscar un pacto social para reducir la indexación de la economía. La postura confrontativa de Moyano al igual que la interna en la CGT complican la perspectiva.

• Financiamiento del sector público: en 2010 y 2011 desapareció el superávit fiscal y el sector público se financia con emisión del BCRA más aportes de la Anses. Los pagos externos del Tesoro se atienden con reservas del BCRA. La financiación de grandes obras de infraestructura recae sobre el presupuesto de cada año, ya que sigue pendiente un acuerdo con el Club de París, ante la negativa oficial de mostrar los números de la economía al FMI.

• Sector externo: el superávit comercial se reducirá este año a 8.500

9.000 millones de dólares, por el fuerte impacto de las importaciones energéticas (GNL y gasoil), que obligó a imponer trabas en las compras externas de otros rubros. A pesar de la buena cosecha agrícola, el uso directo de reservas del BCRA para pagar deuda la intensificación de la fuga de capitales esfumó el excedente de divisas. Los controles ahora frenan la salida de capitales, pero también su ingreso.

• Tipo de cambio real: a valores de diciembre de 2001, la relación peso-dólar es similar a la de la convertibilidad (1,09 sin incluir retenciones), aunque con relación a otras monedas (asiáticas, real y euro) el tipo de cambio real multilateral se ubica en 1.65, según cálculos del Estudio Broda. La revaluación del peso obedece a la inflación y eleva los costos internos en dólares. Una devaluación aislada no resuelve los problemas de competitividad y puede agudizarlos.

• Precios relativos: la anunciada reducción de subsidios puede racionalizar el consumo de energía. Pero por ahora no hay indicios de que mejoren los ingresos de las empresas para aumentar inversiones.

En palabras del economista Dante Sica, "cuanto menos correcciones macroeconómicas haya, más intervención habrá en los mercados". Para Miguel Angel Broda, "volvemos a los años 80, aunque ello no signifique desembocar en crisis como las de 1989 o 2001; los problemas son de raíz ideológica y/o de mala praxis".

Las inconsistencias existen, pero, al igual que lo que ocurre con la AFIP y los contribuyentes, no hay pistas sobre cuáles serán tenidas en cuenta.