Entre
1934 y 1940 el general Lázaro Cárdenas –una mezcla de izquierdista pragmático y
populista encendido- fue presidente de México. También fundó por aquellos años el
Partido Revolucionario Mexicano, lo que a la postre sería el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), fuerza política que acaba de regresar al
poder en México, de la mano de Enrique Peña Nieto.
Hace algunos días,
el joven presidente mexicano -en un largo y convincente documento que remitiera
a la Mesa Directiva
de la Cámara
de Senadores del Congreso de la
Unión- puso de manifiesto la tan esperada reformulación de la
política energética de su país. Ya había
hecho algunos anuncios a la población, acompañado por parte de su
gabinete, desde la residencia de Los Pinos. Esa iniciativa incluye la necesidad
de modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución a
efectos de modernizar los sectores de hidrocarburos y energía eléctrica.
Para el sector petrolero específicamente, se trata de una
apertura acotada que prohíbe los contratos con riesgo a cargo del Estado y
estimula el accionar de la iniciativa privada, que deberá asumir el costo del correspondiente
fracaso –si ocurriera- en la exploración petrolera. La titularidad de los
hidrocarburos continuará siendo -como hasta ahora- patrimonio exclusivo de la
nación mexicana.
La reforma en sí misma implica volver a la concepción original del
general Cárdenas quien, habiendo prohibido las concesiones, nunca cerró la
puerta a las posibilidades de admitir la colaboración de la iniciativa privada
en el sector de los hidrocarburos. Fue una enmienda constitucional aprobada a
inicios de la década de los 60, la que específicamente prohibió al Estado los
contratos con las empresas privadas, reservando todas las actividades de la
industria petrolera exclusivamente para Pemex.
Peña Nieto ha recordado
a su pueblo, cada vez que ha podido, que Cantarell, el principal yacimiento
petrolero del país, está en proceso de agotamiento y que esperar a que ello
ocurra sería suicida. Asimismo señaló la necesidad de convocar al capital
privado para producir hidrocarburos por métodos no convencionales.
La proximidad con los EEUU le permitió aportar algunas cifras genuinamente
impactantes, que hablan por sí mismas, abonando el argumento de avanzar en la
producción de hidrocarburos de la mano del sector privado. Comparándose con su
vecino del norte, recordó que el año pasado solamente en ese país se otorgaron
9100 permisos de perforación a 170 empresas para producir petróleo y gas
natural con técnicas no convencionales. En el mismo tiempo, en México, se
otorgaron sólo tres.
Los resultados son
sorprendentes, teniendo en cuenta el hecho de que la producción de gas
proveniente de ese capítulo aumentó ocho veces en algo más de una década, y
representa ya cerca del 40% de la producción de gas natural norteamericana.
También se refirió a la exploración y extracción en aguas profundas, enfatizando
que los costos son cien veces más altos que los que corresponden a los
yacimientos terrestres. Aquí hizo mención que el año pasado, en los Estados Unidos
se perforaron 173 pozos en el mar, con profundidades superiores a los 500 metros , mientras que
en México, apenas seis. En los Estados Unidos participan en esto más de 70
empresas, y en México sólo Pemex. Respecto de los pozos de más de 1500 metros de profundidad,
en los Estados Unidos en los últimos dos años se perforaron 52 pozos. En
México, sólo 5.
La diferencia sideral
deja de lado cualquier comentario perspicaz.
Pemex está restringida a trabajar en absoluta soledad, destacó el
presidente del país azteca, erosionando la seguridad energética de su país, que
de no revertirse la situación actual, en muy pocos años se transformaría en
importador neto de hidrocarburos. Está más que claro que México -de la mano de
Peña Nieto- no quiere esperar a que, como en la Argentina , el desastre
ocurra, sino que quiere anticiparse y dejar de lado la preocupación antes
referida. Lo que pone de manifiesto una vez más que para hacer una revolución
no es necesario llegar a un callejón sin salida.
Por supuesto, los tiempos son otros, por eso, el presidente
mexicano recurre ahora a las propuestas del ex presidente Cárdenas, pero
modernizándolas. El Estado mexicano continuará siendo propietario exclusivo de
los recursos del subsuelo. Sin correr riesgos, podrá contratar con el capital
privado, fórmulas distintas a las concesiones conocidas hasta ahora. Las
compensaciones para el sector privado podrían ser en efectivo o en un
porcentaje de los productos obtenidos. Los terceros podrán también participar
en los capítulos de la refinación, el mejoramiento, el transporte y la logística
de los hidrocarburos. Para la actividad privada se abrirá un manojo de
alternativas que apunta a mejorar la competitividad de la economía mexicana.
Así las cosas, se
impone una eliminación de la reforma constitucional del 20 de enero de 1960,
que prohíbe a Pemex celebrar contratos con particulares en el marco de su
objeto social. El modelo adaptado a los tiempos de Peña Nieto descansa sobre
dos esquemas:
1) Los contratos para
la exploración y explotación de hidrocarburos se celebrarán con el Poder
Ejecutivo Federal.
2) La participación
privada en toda la cadena de valor de los hidrocarburos será un régimen que supondrá
la autorización expresa del gobierno federal. Esto obviamente eliminará la
prohibición constitucional de que el Estado celebre contratos para la
explotación de hidrocarburos con el sector privado. Además, la reformulación constitucional
propuesta permitirá que la industria petroquímica también reciba aportes y
colaboración del sector privado.
Al igual que Noruega, Colombia y Brasil, México convoca al
capital privado nacional y extranjero, para obtener una oferta cada vez mayor
de combustibles e insumos para sus actividades. Las propuestas de reforma de
Peña Nieto incluyen una modernización total de Pemex, de modo de conferirle más
flexibilidad operativa y un tratamiento fiscal comparable al de sus
competidoras en el resto del mundo.
Es natural esperar que los beneficios de la reforma descripta no
se agoten en el aumento de la inversión y de los recursos fiscales que
seguramente generará el ingreso masivo al sector del capital privado. Incluyen
también la recuperación de los niveles de reservas mexicanas probadas de crudo
y gas; llevar la producción de petróleo de los actuales 2,5 millones de
barriles diarios a 3,5 millones de barriles diarios, en 10 años. Y duplicar la
producción actual de gas natural, también en un plazo de 10 años.
Son ciertamente objetivos
ambiciosos, pero posibles.
Además de las medidas antes descriptas para el sector de los
hidrocarburos, la reforma estructural propuesta por el presidente Peña Nieto
incluye un capítulo referido específicamente a la energía eléctrica.
En México, las ciudades con mayor número de habitantes tienen
una electrificación del 99%. Quedan, sin embargo, por electrificar casi 50.000
ciudades pequeñas, donde viven más de 2 millones de personas. Pese a que la
energía eléctrica residencial está subsidiada, las tarifas eléctricas
comerciales e industriales son 25% más altas que las norteamericanas, lo que afecta
notoriamente la competitividad de la economía azteca.
Lo que propone la
reforma es convocar al capital privado a invertir también en la generación de
energía eléctrica, a la vez que utilizar más gas natural en esa actividad. A lo
que se agrega la necesidad de modernizar más de la mitad de la red nacional de
transmisión, que tiene más de 20 años de antigüedad, lo que redundaría en una
reducción de los costos del servicio eléctrico, ayudando así a organizarlo con
una visión moderna que permita elevar la productividad y la eficiencia del
sistema. Manteniendo la titularidad del estado sobre la transmisión y
distribución, la idea es convocar al sector privado para cooperar en aumentar
la oferta de energía eléctrica.
El debate para la política energética de México es
indispensable, y naturalmente desencadenará apoyos, pero también enfrentamientos.
Si el debate es amplio, franco y lógico, las propuestas suelen enriquecerse. Los
observadores son optimistas con Peña Nieto, ya que la mayoría legislativa le
permitirá implementar sus propuestas modernizadoras. No obstante, la vieja
retórica y los tabúes pueden demorar lo que el país necesita con urgencia.
Yendo por buen camino, la implementación de las reformas podría
comenzar el año próximo. Para el sector petrolero mundial significaría que el
noveno productor del mundo dejaría atrás 50 años de estatismo en su más pura
acepción, y podría sumar a sus tareas el capital y la tecnología de las que hoy
Pemex no dispone. De esta manera, las reservas de hidrocarburos mexicanas, que
están en picada desde los 80, podrían recomponerse y, según las estimaciones,
en poco más de una década, México podría aspirar a producir 4 millones de
barriles diarios.
Todos los caminos empiezan con el primer paso, es cierto. Pero
también es indispensable en algunos temas, que ese primer paso sea el correcto.
Es un buen espejo donde mirarnos, con tiempo y oportunidad, puesto que -en
materia de hidrocarburos- los avances son necesariamente lentos. Pero si la
marcha es constante y coherente, los objetivos del presidente Peña Nieto
parecen realizables.
Argentina ha desandado
ese camino, merced a un populismo que ya no tiene cabida en el mundo actual. Si
no tenemos los recursos para encarar una política exploratoria de hidrocarburos
que nos permita volver al autoabastecimiento, pues entonces pidamos ayuda.
No privaticemos.
Invitemos. Con reglas claras. Juego limpio. Nuestro subsuelo y nuestra historia
nos lo exigen.
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