Por Ariel Torres
El Gobierno ha inaugurado una fábrica de producción de verdades
que sirve para liberarse de las responsabilidades que le caben por la
declinación argentina en relación al mundo y América Latina. Esta fábrica tiene
el objetivo de producir y diseminar el relato oficial para que asome como la
única verdad. El así llamado “relato” está construido sobre una cadena de
medidas que incluye desde cambios metodológicos para especialistas hasta la
intimidación de voces disidentes. Así se producen verdades. Dos ejemplos bastan
para demostrarlo: la inflación y el déficit energético.
En 2007 el INDEC fue intervenido. En particular, se modificó la
metodología utilizada para calcular el índice de inflación, reduciendo la
cantidad y cobertura geográfica de los productos incluidos en el IPC: el número
de variedades disminuyó 50%, el número de precios relevados disminuyó 60% y el
promedio del número de observaciones por variedad disminuyó 50%. Entre los
productos eliminados de la muestra se encuentran alimentos básicos –como
algunos cortes de carne– y servicios, como la enseñanza universitaria, el
servicio doméstico y los cigarrillos. El resultado es un nivel de inflación
oficial mucho menor al que el Gobierno debería reconocer sin estos cambios.
Tras la intervención, queda la tarea de hacerla efectiva. Para ello el Gobierno
se encargó de intimidar y de aplicar multas a consultoras privadas que
difundían índices independientes.
Inclusive, se iniciaron acciones legales contra los economistas
Carlos Melconian y Orlando Ferreres, fundamentadas en la aplicación de la Ley de Lealtad Comercial,
sancionada por la última dictadura en mayo de 1983. Está claro que la
racionalidad detrás de estas medidas es la de mantener una realidad creada a
partir de las estadísticas oficiales. En lo que va del año la inflación oficial
de enero fue de 0,9% y la de marzo de 0,9% en contraposición con el 2% y 2,3%
estimado por consultoras privadas, respectivamente. En lugares donde el aparato
de intimidación del Gobierno no llega, como la revista The Economist, han
decidido sencillamente no publicar datos de inflación para el país.
El segundo ejemplo de producción de verdad es la expropiación de
YPF. El “relato” se basa en un discurso nacionalista a favor de la recuperación
de la soberanía de nuestros recursos energéticos. Sin embargo, hay una cruda
realidad: la destrucción y el vaciamiento del aparato energético nacional han
sido convalidados por los integrantes de este mismo Gobierno. En diciembre del
2007 Néstor Kirchner acordó el ingreso de Enrique Eskenazi, del Grupo Petersen,
a YPF con la compra del 14,9%, luego incrementado al 25%, del capital
accionario. Esta transacción fue financiada por diversos bancos internacionales
y por la petrolera misma, que le otorgó un préstamo por casi la mitad del total
de la transacción. YPF, con consentimiento del Gobierno, acordó pagar 90% de
sus ingresos en dividendos para que Eskenazi pueda saldar su deuda.
El Gobierno Nacional, que ahora acusa a Repsol de vaciamiento,
era dueño de la acción de oro, pero jamás cuestiono los balances de la empresa
y hasta hace poco elogiaba el compromiso de la empresa de invertir en el país.
¿Cómo se tapa la crisis energética y el rol del Gobierno Nacional en ella?
Siguiendo el método que ya vimos en el INDEC. El primer paso es un cambio
metodológico. A partir del 2005 las reservas energéticas comenzaron a medirse
tomando en cuenta la vida útil del yacimiento en lugar del final de la
concesión de la empresa encargada de explotarlo como tradicionalmente se había
hecho.
Según estadísticas de la Secretaría de Energía, a fines del 2002, las reservas
de gas eran de 660 mil millones de metros cúbicos. Para fines del 2010, éstas
eran de 358 mil millones de metros cúbicos: una disminución de 45%. En cuanto a
las reservas de petróleo, el Gobierno de Kirchner recibió un total de 448
millones de metros cúbicos, mientras que a fines del año 2010 eran de 401
millones de metros cúbicos: una baja de 10%. Sin ese cambio metodológico la
caída en reservas sería aún mucho mayor. Vemos, de nuevo, que se modifican
estadísticas oficiales como parte de la producción de verdades. La inflación y
la crisis energética son apenas dos ejemplos de la labor de una fábrica que
trabaja con recursos sofisticados –como los cambios metodológicos mencionados
arriba– y otros más burdos.
Entre estos últimos esta la creación de un aparato mediático
sostenido con privilegios y dineros públicos. Esta práctica se sostiene en el
reparto discrecional de la pauta de publicidad oficial, beneficiando a los
medios cuya línea editorial es afín al Gobierno, en detrimento de los
restantes, especialmente diarios de alcance masivo como Clarín y La Nación. Esta
distribución inequitativa está construida sobre un vacío desde el punto de
vista legal, dada la ausencia de normas al respecto en la legislación federal.
Los vacíos en la ley permiten al Gobierno mantener su relato a través de un
grupo de medios amigos.
El Gobierno también ha creado un aparato paraoficial, a través
de la politización de medios que se encargan de defender su gestión. Un claro
ejemplo es el programa 6,7,8 en el canal de televisión pública, donde los
periodistas repiten incansablemente las verdades del “relato” oficial. Otro
ejemplo la proporciona la agencia oficial Télam, utilizada como una herramienta
de propaganda al servicio del Gobierno y la construcción de verdad. Ya lo ha
demostrado el ex director de la agencia, Martín García, cuando afirmó: “No
queremos periodistas, queremos militantes”. Por otra parte, el Gobierno ha
utilizado la cadena nacional, aun contrariando la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual impulsada por el kirchnerismo y sancionada en 2009,
que en su artículo 75 establece que el Poder Ejecutivo podrá recurrir a este
mecanismo solamente en “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia
institucional”. Néstor Kirchner la utilizó sólo dos veces durante su
Presidencia, mientras que para Cristina Fernández no existen cifras exactas
dadas la extensa utilización que hizo de las mismas.
La ausencia de conferencias de prensa durante el Gobierno de
Cristina es otra manera de callar voces disidentes y el cuestionamiento del
relato oficial por parte de los periodistas. La fábrica de verdades se
construye sobre tergiversaciones en las estadísticas oficiales, la creación de
un aparato de medios amigos a través de la distribución de beneficios y la
intimidación y la eliminación de voces independientes. En este punto la
política de nuestro país se cruza con la literatura, ya que parece tomar
actualidad aquella reflexión de George Orwell en 1984, “quien controla el
presente controla el pasado” y “quien controla el pasado controla el futuro”.
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