Como reactivaría yo la Economía de mi país

Por Ariel Torres

No es mi idea provocar un debate ni mucho menos, sólo plantear alternativas posibles, plausibles de ser llevadas a cabo de manera franca y directa, que a mi juicio permitan reactivar la economía argentina sin inflación y, lo que es más importante, reduciendo la exclusión social. Están basadas en la necesidad de generar rápidamente los incentivos para estimular la inversión, la producción y la exportación, y evitar el ajuste recesivo.

La inflación es todo un tema, y bien medida supera el 20% anual, pero podría ser controlada y reducida gradualmente sin ningún ajuste recesivo. Claro, sería necesario que se regularice el Indec reponiendo a los idóneos y otorgándole la independencia que nunca debió haber perdido. Y, a partir de reconocerla, implementar una política de metas, basada en el consenso entre empresarios, sindicalistas y Gobierno -para coordinar decisiones y monitorear su evolución-, permitiendo de esa manera reducirla a valores menores al 5% anual en forma gradual, sin generar recesión.

Otro tema delicado es la presión impositiva, que se ha vuelto intolerable (37% del PBI), y es una de las causas de la falta de generación de empleo privado productivo y la caída de la inversión. Además es regresiva, pues pagan proporcionalmente más impuestos los que menos tienen. Hay que animarse a bajar el IVA al 16% y reducir los impuestos al trabajo. Estas dos medidas reducirían el trabajo en negro, impulsarían la generación de empleo y aumentarían la capacidad adquisitiva. También se debería revisar la escala del impuesto a las ganancias, para hacerla más progresiva, y corregir las valuaciones sobre las cuales se calculan los impuestos patrimoniales, para que se correspondan con los patrones internacionales.

En lo que se refiere al tipo de cambio, nuestra moneda refleja un atraso cambiario de entre 30 y 40% frente a los países con los cuales competimos y comerciamos. Devaluar hoy sin generar un "rodrigazo" es impensable, por el inmenso costo social que provocaría. Es un tema que llevará tiempo solucionar, pero en el camino –por ejemplo- se podría intentar eliminar la mayoría de las retenciones, sobre todo las industriales y las que afectan a las economías regionales. Y, parcialmente, también las de los productos primarios, eliminando las restricciones a la comercialización de carnes, lácteos y granos, que hoy actúan como cuasi retenciones al reducir los precios recibidos por el productor.

Durante la transición hacia un mercado único, se debería liberar el mercado cambiario para las operaciones financieras y turísticas. De esa manera, los que quieren invertir en el país, argentinos o extranjeros, podrían vender sus dólares en un mercado libre, legal, en el que puedan comprar dólares los que necesiten cancelar deudas o dividendos, o simplemente adquirir divisas para atesorar o viajar. Naturalmente que habría una pequeña escapada inicial producto de la “euforia”, pero nada que no pueda corregirse en el corto plazo.

Es indispensable revisar los subsidios al transporte y a la energía, porque hoy son fuertemente regresivos y favorecen el derroche energético en un país que debe importar combustibles por más de 13.000 millones de dólares al año. El alza de tarifas debería afectar sólo a los sectores más ricos, que hoy reciben casi siete veces más subsidios que los más pobres. Las mayores tarifas servirían para evitar el derroche energético. En el corto plazo, sólo vamos a paliar la crisis energética si reducimos el consumo domiciliario.

La Asignación Universal por Hijo debería ser de otorgamiento e indexación automática. También debería cumplirse con el 82% para los jubilados sin necesidad de los juicios a los que hoy se los somete. El resto de los planes deberían reglamentarse para que no dependan de los punteros políticos ni constituyan un debilitamiento de la cultura del trabajo. Es perfectamente posible, sólo se necesita de un estadista con principios y sin temores. También habría que educar y capacitar a los beneficiarios de los planes para facilitarles su reinserción en el mercado de trabajo. Y, fundamentalmente, deberíamos asegurarnos que los planes permitan eliminar la desnutrición infantil, que hoy limita la educación e impide la consecución de una sociedad más justa e igualitaria.

Desgravar las nuevas inversiones productivas, como lo propuso Roberto Lavagna en 2005, si se mantenía la relación entre capital y trabajo, estimulando así la incorporación de la masa laboral que se pagaba en negro. Esto, sumado a las ideas anteriores, podría producir una importante reducción de la informalidad laboral y un fortalecimiento de la cultura del trabajo.

Es imprescindible volver a visitar asiduamente a los mercados financieros internacionales para que nos ofrezcan sus excedentes en metálico. Habría una brecha fiscal que perfectamente puede cubrirse con endeudamiento externo, a plazos y tasas muy convenientes, aprovechando la excesiva liquidez internacional y los bajísimos niveles de endeudamiento externo que tiene nuestro país.

“Hacerse amigo de la Industria”, afectada en estos años por el atraso cambiario, que llevó al estancamiento de las exportaciones industriales y al auge de las importaciones. Además de lo comentado anteriormente, es necesario impulsar el crédito, fortalecer y ampliar los acuerdos comerciales regionales e interregionales e impulsar un desarrollo tecnológico y educativo consistente con esos objetivos. La agroindustria y la informática, en sus más diversas formas, tienen un enorme potencial en nuestro país.

La federalización real de las provincias y los municipios innegablemente ayudará a recuperar su autonomía financiera, y tomar sus propias decisiones sobre las inversiones en obras públicas en sus jurisdicciones. Esto implica rever la coparticipación efectiva y dejar de tener un Estado nacional rico, rodeado de provincias pobres. Y obscenamente dependientes.

Son ideas de un economista con muchos años de calle, pero con una visión intacta de lo que quiere para el país.

Un mejor país.

La mentira de la soberanía energética

Por Ariel Torres

A poco más de un año de la nacionalización de YPF, la empresa petrolera más grande de Argentina, lo que varios de nosotros temíamos que sucediera se ha vuelto realidad: la producción de la compañía está cayendo, sus deudas aumentan y sus directivos acaban de darse un generoso incremento salarial. Es una película que no por conocida deja de ser frustrante, pero el hecho de que haya tantos gobiernos latinoamericanos que insisten en medidas pseudonacionalistas que han fracasado en todas partes no deja de ser sorprendente.

Aporto algunos datos relevantes de YPF: la producción de gas de la empresa cayó un 3,7% en el primer trimestre de este año y la de petróleo, un 0,7% en el mismo período. En el último año, la producción de energía de YPF cayó un 0,6%, a partir de niveles ya bajos del año anterior, según las cifras oficiales. Eso dista mucho de las promesas de CFK y su escudero Kiciloff en cuanto a que la estatización haría aumentar la producción, pondría fin a las importaciones de energía y permitiría "recuperar nuestra soberanía".

En esta misma semana la junta directiva de YPF se acaba de asignar un aumento del 67%. Fuentes amigas de YPF me dicen que, en realidad, el aumento real fue menor (el cálculo de un 67% surge de comparar los salarios de este año con los de un período de 9 meses del año pasado), pero sigue siendo significativo para una empresa en apuros económicos y financieros.

Seamos justos en el análisis y convengamos que la decadencia de YPF no empezó cuando el Gobierno nacionalizó gran parte del paquete accionario de Repsol. La producción de YPF venía cayendo y lo siguió haciendo después de que el grupo encabezado por Repsol la compró en 2008. Nuestro país -que antes era un país exportador de energía- tuvo que empezar a importar hidrocarburos en 2010.

Lo que sí enfatiza este gobierno es que Repsol había "vaciado" YPF, que no había invertido en nuevas exploraciones y había retirado excesivas ganancias. Repsol dice que los controles de precios del Gobierno asfixiaron sus finanzas, pero que la empresa invirtió abundantemente en exploración y descubrió los campos de Vaca Muerta, la reserva de gas más grande del país. Hoy Repsol demanda a la Argentina por una cifra que se cree podría alcanzar los 10.500 millones de dólares.

Cumpliéndose el primer aniversario de la expropiación de YPF, ocho ex ministros de energía de la Argentina publicaron una declaración conjunta denunciando que la política energética de la Presidenta y su difunto esposo, Néstor Kirchner, ha sido "consumir irresponsablemente sin invertir para reponer stocks". Como consecuencia, dijeron, la Argentina produce un 25% menos de petróleo y un 13% menos de gas de lo que producía en 2003. Aunque critican la administración de Repsol, los ocho ex funcionarios dijeron que "la expropiación del paquete mayoritario de las acciones de Repsol el año pasado no ha resuelto el problema y va camino a empeorarlo". Debido a que CFK no pagó por la expropiación, le resultará difícil al país atraer inversores para la exploración de petróleo y gas, dijeron.

Por otra parte, no es bueno el anuncio del gobierno argentino acerca de que Chevron invertirá en los depósitos de Vaca Muerta (lo que prueba una vez más aquello de que las empresas petroleras no se guían por la ideología, sino por la geología), porque fuentes de la industria dicen que la inversión de Chevron, si se concreta, será muy inferior a la que necesitará Argentina para revertir su declive energético.

Aunque hay casos de petroleras estatales que son exitosas, como Statoil, de Noruega, la expropiación argentina de YPF es un caso de manual de lo que ocurre cuando un gobierno populista con pocos contrapesos institucionales nacionaliza una gran empresa. Se podría pensar que la mala experiencia de la estatización de YPF, así como el fiasco de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, le habría enseñado una lección al gobierno argentino. Pero la realidad es que mientras escribo estas líneas, leo que el Gobierno acaba de expropiar el Tren de la Costa.

 Algo me dice que ya sé como terminara esa historieta.

Nuevamente a contramano de las oportunidades comerciales

Por Ariel Torres

Tengo una buena anécdota de hace algún tiempo: cierta vez, un alumno que leyó todos los libros sobre zen logra concertar una entrevista con el maestro más importante. Se reúnen y el alumno le cuenta todo lo que estudió y sus ganas de aprender. El maestro lo escucha y lo invita a tomar el té. Se sientan para la ceremonia y el maestro empieza a llenar la taza del alumno. La taza se llena y el maestro sigue vertiendo el té que, por supuesto, desborda, moja el plato, luego la mesa y finalmente el piso, mientras el maestro insiste en servir la taza del alumno. El alumno, asombrado, le pide que pare, que ya no va a entrar nada más en la taza. El maestro lo mira y le responde:”efectivamente, lo mismo pasa con tu mente, si no la vacías un poco de tus lecturas y preconceptos, no sé cómo pretendes aprender algo de mí, o que algo nuevo pueda entrar en tu cabeza”. 

Hay algo en lo que siempre hemos sido flacos los economistas, y eso ha sido el hecho de poder “llenar las tazas” de los políticos y el resto de los ciudadanos respecto de las ventajas del comercio internacional para el crecimiento de una economía como la argentina. Las cabezas están llenas de preconceptos y juicios muy atractivos respecto de la “protección del trabajo nacional”, del “compre argentino”, de la “competencia desleal de los grandes actores”, de la “invasión de productos en detrimento de los locales”, y todo eso que no por cierto no merezca ser analizado cuidadosamente. 

En contraposición a lo que sucedió allá por la crisis del 30, siglo XX, los principales actores de la economía internacional se han negado a afrontar la tormenta que se desató en 2008 con una receta proteccionista. El mundo asiste a una sorprendente liberalización del comercio. Dos procesos que ya estaban en curso se aceleran: la integración de grandes áreas de intercambio y la migración del eje central de la globalización hacia el Pacífico.

Esto quedó claramente expuesto hace unos días, cuando Colombia, México, Perú y Chile profundizaron en una reunión en Cali la Alianza del Pacífico, comprometiéndose a eximir de aranceles el 90% de sus productos. Para ir aún más lejos, México, Perú y Chile unificaron sus bolsas de valores en un hecho sin precedentes.

En el mismo sentido, en Lima, los ministros de Comercio de Estados Unidos, Canadá, México, Perú y Chile avanzaron con los de Australia, Brunei, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur y Vietnam en la constitución de la tan esperada y anunciada Asociación Transpacífica, conocida como TPP (Trans Pacific Partnership). Ya Japón fue invitado a integrarse a esta liga, que estaría funcionando a comienzos de 2014.

La mayoría de los analistas internacionales asienten en que la creación de esta sociedad es una respuesta de Washington a la expansión de China en América. Por eso sorprendió que el ministro de Comercio chino, Gao Hucheng, dijera que su país estudia los pros y contras de adherir al TPP una vez que lo haga Japón. Lo hizo poco antes de que el presidente Xi Jinping llegara a California para reunirse con Barack Obama durante 48 horas, el viernes pasado.

A confesión de partes, relevo de pruebas, dicen. Otra gran novedad está por ocurrir, y es que EEUU y la UE avanzarán en un acuerdo de libre comercio durante la reunión del G-8, en Irlanda, el próximo 17. Actores de distinto porte están tomando decisiones ante estos cambios. Obama, por ejemplo, nominó a Michael Froman como representante de Comercio. Froman es, desde los tiempos de Harvard, uno de los amigos más cercanos del presidente de los Estados Unidos.

Enrique Iglesias, el secretario de la Comunidad Iberoamericana, convocó para la semana que viene, en Santander, a los principales especialistas de comercio de América latina a fin de que analicen las consecuencias de estos acuerdos a ambos lados del Atlántico. Entre los invitados de Iglesias está Roberto Azevedo, el brasileño que acaba de ser elegido director general de la Organización Mundial de Comercio.

El sentido de informarles sobre todos estos nombres y actores, es la necesidad de conocer el significado para la Argentina, de esta remodelación del mapa económico. En principio, la desmentida de un prejuicio central de CFK: que el ciclo de turbulencia que experimenta el capitalismo desde el año 2008 abriría paso a una etapa de proteccionismo mercado internista. No sólo no se verificó esa profecía, sino que prevalece la tendencia hacia una mayor apertura.

Otra hipótesis argentina que entra en crisis es la postulación de "Sudamérica" como un concepto internacional predominante sobre el de "América latina". Esta clasificación, que supone el aislamiento de México por su incorporación al Nafta, es la premisa a partir de la cual Brasil ejerce un liderazgo regional. Ahora, a través de la Alianza del Pacífico, México vuelve, y la Unasur se desdibuja.

No termine allí la historieta, puesto que hay un criterio más que comienza a ser desafiado por el nuevo orden comercial: la conveniencia de haber sepultado el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). CFK solicita a menudo un reconocimiento por esa decisión, pero el tiempo está corroborando lo que Fernando Henrique Cardoso predijo en A arte da política , y su lúcido canciller Luiz Felipe Lampreia en O Brasil e os ventos do mundo : la negativa a negociar el ALCA llevaría a los Estados Unidos a suscribir acuerdos bilaterales con la mayoría de los países de la región, consiguiendo para sus empresas ventajas de las que las brasileñas quedarían marginadas. José María Aznar se lo vaticinó a Lula da Silva en octubre de 2003, durante una conversación reservada, en Brasilia: "La caducidad del ALCA es una pésima noticia para todos, pero sobre todo para Brasil".

Historia pura contemporánea, pero fascinante desde el punto de vista de cómo las ideas hacen a los estadistas. Estas ideas se están poniendo de nuevo en circulación en el establishment brasileño. Los expertos, los empresarios y la prensa observan que el país crece menos, sobre todo si se lo compara con Rusia, la India y China. En 2012 su PBI aumentó 0,9%, mientras que el de los socios de la Alianza del Pacífico lo hizo 5%, 1,9 puntos más que el resto de América latina.

Como en algún momento predije, el jueves último, la agencia Standard & Poor's bajó la calificación crediticia de Brasil de estable a negativa. El humor de los analistas de inversión cambió: "Los que ganaron en los últimos tres años lo hicieron vendiendo Brasil y comprando México", sintetizó un crudelísimo financista de Wall Street. Los empresarios brasileños están inquietos por estas señales. Advierten que sus empresas pierden valor y consideran que lo recuperarían abriéndose al mercado internacional y no buscando la protección del gobierno. Un muy interesante cambio de conducta.

Pero para nuestro país estas inquietudes son decisivas porque en Brasil atribuyen las dificultades económicas, en primer lugar, al corsé que supone el Mercosur. En los centros industriales aumenta la presión para que Dilma Rousseff se desembarace de las ataduras que la ligan a Cristina Kirchner. No son pocos los que anticipan que Rousseff recibirá un pliego de recomendaciones para negociar con la Alianza del Pacífico, y para reformular el Mercosur, eliminando el arancel externo común y permitiendo a cada socio la estrategia que considere más ventajosa.

En este sentido, Dilma quizás esboce una respuesta en octubre, cuando sea recibida por Obama en visita de Estado. Obama acaba de designar embajadora en Brasilia a una destacada especialista en América latina, Liliana Ayalde, quien lleva consigo a Alexis Ludwig, que hasta el viernes se desempeñó en Buenos Aires.

La primera dama de Brasil siempre produce incertidumbre. El empresariado le pide apostar al largo plazo, sumando a Brasil a la ola integradora, pero los hombres de negocios sospechan que su presidenta puede estar impresionada por Cristina Kirchner y sus resultados políticos. Dilma subió aranceles, estableció subsidios energéticos e intervino en la vida empresarial, sobre todo a través de los fondos estatales de pensión, con la mirada puesta en los comicios del año próximo.

Pero hace un par de meses, la presidenta brasileña urgió a José Durão Barroso a reanudar las tratativas Mercosur-Unión Europea. El presidente del Consejo de Europa le hizo notar que el problema era la Argentina. "De eso me encargo yo", contestó ella, autosuficiente. No le fue nada bien: en la última reunión con la señora de Kirchner las sugerencias brasileñas chocaron contra un muro.

El kirchnerismo aborda la reconfiguración internacional con Guillermo Moreno bloqueando importaciones y Ricardo Echegaray montando un cepo. Amado Boudou, Diego Bossio y Axel Kicillof concurren a la TV del Estado para elogiar a la Presidenta por "proteger el trabajo de los argentinos". Los frutos de esa orientación son amargos: mayor dependencia del precio de las commodities , un superávit comercial cada día mas riesgoso y caída en las reservas.

En otras palabras: una economía menos competitiva que destruye empleo.

Lo que pasa en estos días puertas dentro de Argentina terminará de convencer a Brasil de que, así planteado, el Mercosur es una condena. A las dificultades que determinaron la retirada de Vale -una inversión de más de 6000 millones de dólares-, se sumó la estatización del Tren de la Costa, operado por la brasileña ALL, y las diatribas de Martín Buzzi, el gobernador de Chubut, contra Petrobras: "La verdad es que nunca hizo mucho y ahora va a hacer menos". Buzzi es un amigo de Cristóbal López, el empresario kirchnerista a quien Petrobras se negó a vender sus activos argentinos.

Sin atender a los cambios que registra el comercio a escala global, y amenazando la principal asociación del país, el Gobierno se encuentra enfrascado en inexplicables negociaciones con Irán. Es llamativo, pero más asombroso todavía es que tampoco la oposición política y los líderes empresariales impulsan un debate sobre el sentido de esas mutaciones.

Toda una dirigencia anestesiada frente al ruido de la historia.

Una norma de dudosa moralidad

Por Ariel Torres

No recuerdo en el pasado cercano una decisión económica de este gobierno que haya implicado tanto riesgo moral para explicar las virtudes políticas del modelo. La promovida ley de blanqueo de capitales,  sancionada la semana pasada, alimenta el viejo apotegma que dicta que todos aquellos que no pagan los impuestos y esconden sus fortunas al fisco, a la larga, terminarán siendo premiados.

Una de las razones que motivó la implementación del cepo cambio –la fuga de capitales- consiste en sacar dinero del sistema eludiendo la declaración fiscal. El riesgo moral se plantea cuando un estímulo termina generando una conducta nociva para el interés colectivo. La contradicción es evidente: quienes hayan evadido millones en Ganancias y Bienes Personales tendrán la oportunidad de evitar un purgatorio lleno de sabuesos del fisco.

El blanqueo nominal estará vigente por tres meses y otorgará un amplísimo perdón fiscal para todos aquellos que tengan una fortuna oculta en un paraíso fiscal o bien una caja de seguridad rebosante de dólares negros. La palabra "blanqueo", pronunciada por Ricardo Echegaray durante el lanzamiento de la iniciativa, habla por sí misma. Fue un hecho curioso: un gobierno tan avezado en la edición de diarios no se percató de que el término "exteriorización voluntaria" es demasiado extenso para un título de tapa. Además de hacer alusión a cualquier cosa menos a lo que pretende.

Es obvio entender que semejante medida causa un profundo malestar en la clase media: principalmente entre los asalariados y en los adherentes al régimen simplificado. Pretendo ser gráfico sólo con dos ejemplos: un sueldo neto de $10.000 paga $9362 al año en Ganancias (casi el aguinaldo completo), mientras que un monotributista con ingresos brutos anuales por $72.000 debe destinar casi un mes de facturación a pagar este impuesto. Curiosamente, esta última forma de contratación prolifera en el Ministerio de Economía.

Es estrato más pudiente de la sociedad siempre posee un mayor acceso a herramientas jurídicas para no pagar impuestos, eso es así en cualquier parte del planeta. Por ejemplo, quien posea 10 millones de dólares no declarados en una cuenta en Suiza que a su vez esté controlada por una sociedad offshore en Panamá podrá traerlos al país: la AFIP no cobrará multas, no preguntará por su origen y garantizará que no estarán sometidos a procedimientos penales. Incluso si con esos fondos se compra el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico, el tenedor tendrá derecho a un interés del 4% anual en dólares. Nunca hubo una señal tan financieramente rentable.

Una verdadera fiesta. Pero –paradójicamente- los sectores más humildes a los que apunta "el modelo de inclusión y desarrollo económico" son aquellos que tienen menos capacidad de evitar el pago de tributos: el mayor porcentaje de sus ingresos está destinado al consumo, que paga IVA. Por las dudas, los bancos privados ya anticiparon a los clientes que efectuaron consultas que, a pesar de recibir fondos para la operación de blanqueo, de igual modo cumplirán con las leyes antilavado y emitirán reportes a la Unidad de Información Financiera para cubrirse. De este modo, el Banco Nación sería el destinatario más tentador que capte todas las miradas de los que están dispuestos a ingresar.

Convengamos que no es la primera vez que la AFIP ingresa en el dilema del mal menor. Los inspectores del organismo conocen cuáles son y dónde están las cuevas que operan dólar blue en el microcentro porteño. Sucede que cuando se lanza un operativo, el tipo de cambio informal sube (sucedió en las dos últimas veces).

Con diferentes motivos, el Gobierno apeló a la misma receta que en 2009, cuando como producto de la crisis financiera internacional lanzó una moratoria y un blanqueo de capitales. La señal que se había enviado fue la misma, pero los beneficios actuales son muy superiores: hace cuatro años para blanquear fondos había que pagar una multa que iba del 1 al 8%. En aquel momento, de los $18.113 millones que ingresaron entre dinero y bienes sólo el 4,3% correspondió a fondos radicados en el exterior del país.

En estos días pasados la AFIP envió un comunicado que rezaba: "La exteriorización de capitales vence el 30 de septiembre. Quienes evadieron y no adhieran en término se les aplicarán las sanciones de la Ley Penal Tributaria y del Régimen Penal Cambiario". Si lo que buscan es demostrar honestidad a prueba de balas, vale recordar que el artículo 20 de la ley de blanqueo faculta a la Presidenta a prorrogar los plazos del régimen. Por las dudas algún amigo llegue tarde, o el amperímetro de lo que ingresa sea considerado insuficiente.

De una muy sugestiva manera, la "batalla cultural contra el dólar" que advirtieron los teóricos del kirchnerismo derivó en una realidad más pragmática: los dólares fugados terminaron recibieron un tratamiento más cordial que los pesos pagados en impuestos.

Toda una declaración de principios. O de finales.