No recuerdo en el
pasado cercano una decisión económica de este gobierno que haya implicado tanto
riesgo moral para explicar las virtudes políticas del modelo. La promovida ley
de blanqueo de capitales, sancionada la
semana pasada, alimenta el viejo apotegma que dicta que todos aquellos que no
pagan los impuestos y esconden sus fortunas al fisco, a la larga, terminarán
siendo premiados.
Una de las razones que motivó la
implementación del cepo cambio –la fuga de capitales- consiste en sacar dinero
del sistema eludiendo la declaración fiscal. El riesgo moral se plantea cuando
un estímulo termina generando una conducta nociva para el interés colectivo. La
contradicción es evidente: quienes hayan evadido millones en Ganancias y Bienes
Personales tendrán la oportunidad de evitar un purgatorio lleno de sabuesos del
fisco.
El blanqueo nominal estará vigente por tres
meses y
otorgará un amplísimo perdón fiscal para todos aquellos que tengan una fortuna
oculta en un paraíso fiscal o bien una caja de seguridad rebosante de dólares
negros. La palabra "blanqueo", pronunciada por Ricardo Echegaray
durante el lanzamiento de la iniciativa, habla por sí misma. Fue un hecho
curioso: un gobierno tan avezado en la edición de diarios no se percató de que
el término "exteriorización voluntaria" es demasiado extenso para un
título de tapa. Además de hacer alusión a cualquier cosa menos a lo que
pretende.
Es obvio entender que
semejante medida causa un profundo malestar en la clase media: principalmente
entre los asalariados y en los adherentes al régimen simplificado. Pretendo ser
gráfico sólo con dos ejemplos: un sueldo neto de $10.000 paga $9362 al año en
Ganancias (casi el aguinaldo completo), mientras que un monotributista con
ingresos brutos anuales por $72.000 debe destinar casi un mes de facturación a
pagar este impuesto. Curiosamente, esta última forma de contratación prolifera
en el Ministerio de Economía.
Es estrato más pudiente de la sociedad siempre
posee un mayor acceso a herramientas jurídicas para no pagar impuestos, eso es
así en cualquier parte del planeta. Por ejemplo, quien posea 10 millones de
dólares no declarados en una cuenta en Suiza que a su vez esté controlada por
una sociedad offshore en Panamá podrá traerlos al país: la AFIP no
cobrará multas, no preguntará por su origen y garantizará que no estarán
sometidos a procedimientos penales. Incluso si con esos fondos se compra el
Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico, el tenedor tendrá
derecho a un interés del 4% anual en dólares. Nunca hubo una señal tan financieramente
rentable.
Una verdadera fiesta. Pero –paradójicamente-
los sectores más humildes a los que apunta "el modelo de inclusión y
desarrollo económico" son aquellos que tienen menos capacidad de evitar el
pago de tributos: el mayor porcentaje de sus ingresos está destinado al
consumo, que paga IVA. Por las dudas, los bancos privados ya anticiparon a los
clientes que efectuaron consultas que, a pesar de recibir fondos para la
operación de blanqueo, de igual modo cumplirán con las leyes antilavado y
emitirán reportes a la
Unidad de Información Financiera para cubrirse. De este modo,
el Banco Nación sería el destinatario más tentador que capte todas las miradas
de los que están dispuestos a ingresar.
Convengamos que no es
la primera vez que la AFIP
ingresa en el dilema del mal menor. Los inspectores del organismo conocen
cuáles son y dónde están las cuevas que operan dólar blue en el microcentro
porteño. Sucede que cuando se lanza un operativo, el tipo de cambio informal
sube (sucedió en las dos últimas veces).
Con diferentes motivos,
el Gobierno apeló a la misma receta que en 2009, cuando como producto de la
crisis financiera internacional lanzó una moratoria y un blanqueo de capitales.
La señal que se había enviado fue la misma, pero los beneficios actuales son
muy superiores: hace cuatro años para blanquear fondos había que pagar una
multa que iba del 1 al 8%. En aquel momento, de los $18.113 millones que
ingresaron entre dinero y bienes sólo el 4,3% correspondió a fondos radicados
en el exterior del país.
En estos días pasados la AFIP envió un
comunicado que rezaba: "La exteriorización de capitales vence el 30 de
septiembre. Quienes evadieron y no adhieran en término se les aplicarán las
sanciones de la Ley Penal
Tributaria y del Régimen Penal Cambiario". Si lo que buscan es demostrar honestidad
a prueba de balas, vale recordar que el artículo 20 de la ley de blanqueo
faculta a la Presidenta
a prorrogar los plazos del régimen. Por las dudas algún amigo llegue tarde, o
el amperímetro de lo que ingresa sea considerado insuficiente.
De una muy sugestiva manera,
la "batalla cultural contra el dólar" que advirtieron los teóricos
del kirchnerismo derivó en una realidad más pragmática: los dólares fugados
terminaron recibieron un tratamiento más cordial que los pesos pagados en
impuestos.
Toda una declaración de
principios. O de finales.

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