lunes, 10 de junio de 2013

Una norma de dudosa moralidad

Por Ariel Torres


No recuerdo en el pasado cercano una decisión económica de este gobierno que haya implicado tanto riesgo moral para explicar las virtudes políticas del modelo. La promovida ley de blanqueo de capitales,  sancionada la semana pasada, alimenta el viejo apotegma que dicta que todos aquellos que no pagan los impuestos y esconden sus fortunas al fisco, a la larga, terminarán siendo premiados.

Una de las razones que motivó la implementación del cepo cambio –la fuga de capitales- consiste en sacar dinero del sistema eludiendo la declaración fiscal. El riesgo moral se plantea cuando un estímulo termina generando una conducta nociva para el interés colectivo. La contradicción es evidente: quienes hayan evadido millones en Ganancias y Bienes Personales tendrán la oportunidad de evitar un purgatorio lleno de sabuesos del fisco.

El blanqueo nominal estará vigente por tres meses y otorgará un amplísimo perdón fiscal para todos aquellos que tengan una fortuna oculta en un paraíso fiscal o bien una caja de seguridad rebosante de dólares negros. La palabra "blanqueo", pronunciada por Ricardo Echegaray durante el lanzamiento de la iniciativa, habla por sí misma. Fue un hecho curioso: un gobierno tan avezado en la edición de diarios no se percató de que el término "exteriorización voluntaria" es demasiado extenso para un título de tapa. Además de hacer alusión a cualquier cosa menos a lo que pretende.

Es obvio entender que semejante medida causa un profundo malestar en la clase media: principalmente entre los asalariados y en los adherentes al régimen simplificado. Pretendo ser gráfico sólo con dos ejemplos: un sueldo neto de $10.000 paga $9362 al año en Ganancias (casi el aguinaldo completo), mientras que un monotributista con ingresos brutos anuales por $72.000 debe destinar casi un mes de facturación a pagar este impuesto. Curiosamente, esta última forma de contratación prolifera en el Ministerio de Economía.
Es estrato más pudiente de la sociedad siempre posee un mayor acceso a herramientas jurídicas para no pagar impuestos, eso es así en cualquier parte del planeta. Por ejemplo, quien posea 10 millones de dólares no declarados en una cuenta en Suiza que a su vez esté controlada por una sociedad offshore en Panamá podrá traerlos al país: la AFIP no cobrará multas, no preguntará por su origen y garantizará que no estarán sometidos a procedimientos penales. Incluso si con esos fondos se compra el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico, el tenedor tendrá derecho a un interés del 4% anual en dólares. Nunca hubo una señal tan financieramente rentable.

Una verdadera fiesta. Pero –paradójicamente- los sectores más humildes a los que apunta "el modelo de inclusión y desarrollo económico" son aquellos que tienen menos capacidad de evitar el pago de tributos: el mayor porcentaje de sus ingresos está destinado al consumo, que paga IVA. Por las dudas, los bancos privados ya anticiparon a los clientes que efectuaron consultas que, a pesar de recibir fondos para la operación de blanqueo, de igual modo cumplirán con las leyes antilavado y emitirán reportes a la Unidad de Información Financiera para cubrirse. De este modo, el Banco Nación sería el destinatario más tentador que capte todas las miradas de los que están dispuestos a ingresar.

Convengamos que no es la primera vez que la AFIP ingresa en el dilema del mal menor. Los inspectores del organismo conocen cuáles son y dónde están las cuevas que operan dólar blue en el microcentro porteño. Sucede que cuando se lanza un operativo, el tipo de cambio informal sube (sucedió en las dos últimas veces).
Con diferentes motivos, el Gobierno apeló a la misma receta que en 2009, cuando como producto de la crisis financiera internacional lanzó una moratoria y un blanqueo de capitales. La señal que se había enviado fue la misma, pero los beneficios actuales son muy superiores: hace cuatro años para blanquear fondos había que pagar una multa que iba del 1 al 8%. En aquel momento, de los $18.113 millones que ingresaron entre dinero y bienes sólo el 4,3% correspondió a fondos radicados en el exterior del país.
En estos días pasados la AFIP envió un comunicado que rezaba: "La exteriorización de capitales vence el 30 de septiembre. Quienes evadieron y no adhieran en término se les aplicarán las sanciones de la Ley Penal Tributaria y del Régimen Penal Cambiario". Si lo que buscan es demostrar honestidad a prueba de balas, vale recordar que el artículo 20 de la ley de blanqueo faculta a la Presidenta a prorrogar los plazos del régimen. Por las dudas algún amigo llegue tarde, o el amperímetro de lo que ingresa sea considerado insuficiente.
De una muy sugestiva manera, la "batalla cultural contra el dólar" que advirtieron los teóricos del kirchnerismo derivó en una realidad más pragmática: los dólares fugados terminaron recibieron un tratamiento más cordial que los pesos pagados en impuestos.
Toda una declaración de principios. O de finales.


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